Mayoristas cuestionaron a Sturzenegger y denuncian que la reforma laboral mantiene aportes obligatorios
CADAM apuntó contra la reglamentación del Gobierno y aseguró que las empresas continúan obligadas a financiar estructuras que no eligieron integrar. El sector reclama que las contribuciones establecidas en convenios colectivos sean voluntarias.
La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) cuestionó la reglamentación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei y dirigió sus críticas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El reclamo se concentra en el Decreto 612/2026, que regula determinados aportes y contribuciones establecidos a través de convenios colectivos de trabajo. Para los mayoristas, la nueva normativa mantiene un sistema que obliga a empresas a financiar estructuras empresariales que no necesariamente eligieron integrar o representar.
Desde CADAM sostienen que existe una contradicción entre el objetivo de desregulación planteado por el Gobierno y la continuidad de estas contribuciones.
“No queremos que se nos obligue a financiar estructuras que no nos representan”, plantearon desde la entidad.
Qué cuestionan los mayoristas
El decreto establece criterios para calcular determinados aportes y contribuciones incluidos en convenios colectivos. Para definir la base se contempla el salario básico convencional y las sumas remunerativas normales y habituales de percepción mensual, mientras quedan afuera conceptos como horas extras, premios, bonos, aguinaldo, plus vacacional y sumas no remunerativas.
Además, determina que los aportes acordados por los empleadores en negociaciones colectivas deben destinarse a obras sociales, asistenciales, previsionales o culturales en beneficio de los trabajadores.
Sin embargo, para CADAM el problema central sigue sin resolverse: que una empresa pueda quedar obligada a realizar aportes surgidos de negociaciones colectivas aunque no haya decidido voluntariamente financiar a las entidades involucradas.
Uno de los casos mencionados por la cámara es el aporte destinado al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Según CADAM, las empresas deben contribuir incluso cuando sus trabajadores no utilizan los servicios de capacitación.
La entidad estima que este mecanismo representa una recaudación superior a los $30.000 millones anuales y reclama que las compañías puedan decidir si quieren realizar esos aportes.
El reclamo directo a Sturzenegger
Los mayoristas apuntaron especialmente contra Sturzenegger por su participación en las políticas de desregulación del Gobierno. Consideran que mantener estas obligaciones contradice uno de los principios con los que el Ejecutivo presentó su reforma laboral: reducir cargas y costos que no surjan de decisiones voluntarias de las empresas.
“Si el objetivo de la reforma era terminar con cargas laborales y costos que no responden a una decisión libre de las empresas, no puede ocurrir que, después de sancionada la ley, se vuelva a introducir por vía reglamentaria un mecanismo que genere precisamente ese efecto”, cuestionó CADAM.
La cámara aclaró que su planteo no busca impedir que las asociaciones empresariales reciban financiamiento, sino que discute que esas contribuciones sean obligatorias para compañías que aseguran no haber participado de los acuerdos que las establecieron.
El conflicto abre así un nuevo frente para el Gobierno en la implementación de la reforma laboral y pone nuevamente en discusión los alcances de los convenios colectivos y los costos que deben afrontar las empresas.