Discapacidad: el Presupuesto 2027 busca modificar prestaciones, pensiones y puntos de la ley de emergencia
El proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso introduce cambios en el sistema vigente desde hace décadas. La iniciativa modifica el esquema de aranceles, altera las condiciones de acceso a las pensiones y elimina artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Desde la oposición advierten por el impacto que podría tener sobre prestadores y beneficiarios.
El Presupuesto 2027 abrió un nuevo conflicto entre el Gobierno y la oposición por las políticas destinadas a las personas con discapacidad. Dentro de su articulado, el Ejecutivo incluyó modificaciones que alcanzan tanto al sistema de prestaciones básicas como al régimen de pensiones no contributivas y a disposiciones incorporadas por la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.
Uno de los principales cambios aparece en el Nomenclador de Prestaciones Básicas, utilizado como referencia para determinar los valores de terapias y servicios cubiertos por los distintos financiadores del sistema.
La Ley 27.793 actualmente establece que los valores de los aranceles deben ser iguales para todas las personas jurídicas obligadas y prevé un mecanismo de actualización vinculado con la movilidad previsional. El proyecto presupuestario propone reemplazar ese criterio y establecer que el nomenclador no tenga valores universales.
Qué cambiaría en las prestaciones por discapacidad
El nuevo esquema mantendría un piso común de prestaciones, pero permitiría diferencias en los valores y modalidades de financiamiento.
Desde la oposición cuestionaron esa modificación. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que se abandona el criterio de aranceles iguales para los diferentes financiadores y advirtió que el resultado podría ser un sistema más fragmentado.
El legislador resumió el cambio señalando que la propuesta establece que “la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles”.
Para las prestaciones financiadas por el sector público, los valores serían determinados trimestralmente por la Secretaría Nacional de Discapacidad. En caso de que la actualización no se realizara dentro de ese período, se tomaría como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC.
Además, desaparecería el estudio anual de costos de las prestaciones incorporado por la Ley 27.793, un mecanismo pensado para contemplar aumentos de componentes que no quedaran reflejados en el IPC.
Cambios en las pensiones y el papel del CUD
La propuesta también alcanza al régimen de pensiones no contributivas. El texto modifica la Ley 13.478 y recupera la figura de la pensión vinculada con la imposibilidad laboral.
De aprobarse el proyecto en los términos enviados al Congreso, contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no garantizaría por sí mismo el acceso al beneficio. Los requisitos específicos quedarían sujetos a la reglamentación correspondiente.
También se eliminaría la compatibilidad establecida por la Ley de Emergencia entre determinadas pensiones y un empleo registrado o inscripción tributaria dentro de los límites previstos por esa norma.
El proyecto establece que la Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral será incompatible con un vínculo laboral formal o con la inscripción en los regímenes general o simplificado.
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino cuestionó esta modificación y sostuvo que representa un regreso al modelo de “invalidez laboral”, en contraposición con el enfoque establecido por la Ley de Emergencia.
Qué artículos de la emergencia quedarían afuera
Los cambios incluidos entre los artículos 36 y 41 del proyecto presupuestario también alcanzan disposiciones específicas de la Ley 27.793.
Entre ellas aparece el artículo que garantiza a quienes reciben la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social el acceso a un programa de atención médica que cubra las prestaciones básicas contempladas por la Ley 24.901. Esa cobertura está prevista expresamente en la legislación vigente.
También se plantea eliminar el mecanismo que estableció la transformación automática de pensiones otorgadas previamente hacia el esquema creado por la Ley de Emergencia.
La Ley 27.793 había sido sancionada por el Congreso en 2025 luego de que ambas cámaras insistieran con la iniciativa frente al veto presidencial. La norma declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de extenderla durante otro año.
Posteriormente, el Poder Ejecutivo promulgó la ley y su reglamentación fue aprobada en febrero de 2026.
La oposición cuestiona el alcance de la reforma
Las modificaciones provocaron críticas entre distintos bloques opositores. Marino afirmó que el Ejecutivo pretende “desmantelar la Ley de Emergencia en Discapacidad” y advirtió que la eliminación de valores uniformes podría generar presión sobre los aranceles que reciben los prestadores.
Ferraro, por su parte, cuestionó que se avance hacia un modelo con diferentes valores según los financiadores y alertó por la incertidumbre que, a su entender, podría provocar entre instituciones, profesionales y personas que necesitan las prestaciones.
El diputado santafesino Esteban Paulón también rechazó la propuesta y sostuvo que los cambios son regresivos y ponen en discusión el carácter universal del esquema.
El Gobierno, en cambio, ya había planteado objeciones fiscales respecto de la Ley de Emergencia. Al promulgarla en 2025, sostuvo que su aplicación requería recursos presupuestarios adicionales y reclamó que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento correspondientes.
El debate ahora pasa por el Congreso
La discusión se trasladará al tratamiento parlamentario del Presupuesto 2027, donde los artículos vinculados con discapacidad deberán conseguir respaldo legislativo para convertirse en ley.
El debate se produce mientras prestadores y familias vienen reclamando por el valor de los aranceles, los pagos y la continuidad de distintos servicios.
Por eso, además de la discusión general sobre las cuentas públicas del próximo año, el proyecto presupuestario vuelve a colocar en el centro del Congreso el alcance que tendrá el sistema de protección y prestaciones para las personas con discapacidad.