Denunciaron a empresas pesqueras por operar en el mar argentino con licencias británicas de Malvinas
La presentación judicial apunta contra compañías internacionales y sociedades vinculadas que explotarían recursos pesqueros con permisos otorgados por las autoridades británicas de las Islas Malvinas. Los denunciantes sostienen que las operaciones podrían constituir contrabando y reclamaron investigar también una eventual omisión de controles por parte de funcionarios argentinos.
Una denuncia penal contra empresas pesqueras internacionales que operan en aguas del Atlántico Sur con autorizaciones británicas emitidas desde las Islas Malvinas quedó radicada este lunes ante la Justicia Federal en lo Penal Económico.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de Reset Republicano, quienes apuntaron contra directivos, administradores y representantes legales de distintas compañías y sociedades mixtas dedicadas a la explotación de recursos marinos.
Según los denunciantes, estas actividades afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales de la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.
La causa quedó en manos del Juzgado en lo Penal Económico N°7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway.
Qué empresas fueron denunciadas
La presentación identifica principalmente a compañías de origen español, particularmente de Galicia, vinculadas con sociedades constituidas en las Islas Malvinas y que operarían mediante licencias británicas.
Entre las firmas señaladas aparecen Lanzal, vinculada a Petrel Fishing Company Ltd.; Grupo Pereira, relacionada con Argos Group Ltd.; Pescapuerta y Copemar, asociadas a South Atlantic Squid; Ferralmes, vinculada a Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, relacionada con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, asociada a Polar Ltd.
La denuncia también identifica distintas embarcaciones utilizadas en esas operaciones, entre ellas Monteferro, Argos Cíes, Argos Berbés, Falcon, Prion, Robin M. Lee, Hadassa Bay, Castelo, Hermanos Touza y New Polar Playa de Sartaxens.
Denuncian evasión de los controles argentinos
Uno de los ejes de la presentación judicial es la presunta evasión del control aduanero argentino.
Los denunciantes sostienen que los recursos pesqueros serían extraídos para posteriormente realizar exportaciones, trasbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y en terminales de otros países, sin intervención de las autoridades argentinas.
También plantearon que la utilización de permisos expedidos por las autoridades británicas permitiría evitar la fiscalización argentina, el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de determinadas regulaciones cambiarias.
A partir de esos argumentos, los abogados consideran que las conductas podrían encuadrarse en diferentes figuras previstas por el Código Aduanero, entre ellas contrabando y exportación clandestina. Será la Justicia la que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con esas hipótesis.
También pidieron investigar a funcionarios nacionales
La presentación no se limita a las empresas. Los denunciantes solicitaron determinar si pudo existir un eventual incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales.
El planteo apunta a establecer si existieron omisiones en las tareas de vigilancia y patrullaje o una falta de acciones destinadas a perseguir y sancionar las operaciones denunciadas.
Para avanzar con la investigación, solicitaron información a la Prefectura Naval Argentina y al INIDEP sobre avistamientos e identificación de embarcaciones que operen bajo licencias británicas o sin autorización argentina.
También reclamaron informes a la Dirección General de Aduanas para determinar si las compañías declararon exportaciones o abonaron aranceles por las capturas y a la Inspección General de Justicia para establecer posibles vínculos comerciales y activos de las empresas en el territorio continental argentino.
Otra causa investiga la explotación petrolera en Malvinas
La denuncia por la actividad pesquera se suma a las actuaciones impulsadas por el Gobierno argentino contra compañías vinculadas con proyectos de explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En esa investigación, que tramita en el Juzgado Federal N°12 de Comodoro Py, la Cancillería identificó a 27 empresarios, ejecutivos y directivos relacionados con diferentes compañías involucradas en proyectos petroleros.
Las dos causas vuelven a colocar en el centro del debate la explotación de los recursos naturales en torno a las Islas Malvinas y el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago y sus espacios marítimos circundantes.