Más de 25 organizaciones rechazaron la reforma de la ley de tierras y denunciaron un «plan de remate de la Argentina»
Agrupaciones sociales, ambientales y de derechos humanos cuestionaron los proyectos que modifican la ley de tierras, el Súper RIGI y la ley de Sociedades. Advirtieron que las iniciativas favorecen la extranjerización de territorios estratégicos y convocaron a movilizarse durante el debate en el Senado.
Más de 25 organizaciones sociales, ambientales, políticas y de derechos humanos manifestaron su rechazo al proyecto de reforma de la ley de Tierras Rurales y advirtieron que, junto con el Súper RIGI y las modificaciones a la ley de Sociedades, forma parte de un «plan de remate de la Argentina».
A través de un documento que será presentado en el Senado antes del tratamiento legislativo previsto para el 6 de agosto, las entidades sostuvieron que las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional favorecen la extranjerización de territorios estratégicos y debilitan los mecanismos de control sobre los recursos naturales.
El comunicado lleva la firma de organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación Biodiversidad Argentina, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Excombatientes de La Plata y Taller Ecologista, entre otras.
Desde las organizaciones afirmaron que la reforma elimina los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, incluyendo las restricciones sobre superficies ubicadas junto a ríos, lagos y otros cuerpos de agua permanentes.
También cuestionaron las modificaciones previstas en la ley de Sociedades, al considerar que facilitarían la adquisición de tierras mediante estructuras societarias con menor nivel de información pública sobre sus verdaderos propietarios.
En relación con el Súper RIGI, sostuvieron que el régimen otorga beneficios fiscales y estabilidad jurídica por 30 años a grandes inversores, al tiempo que limita la capacidad de control del Estado y habilita litigios en tribunales internacionales.
El abogado Lucas Micheloud, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, aseguró que las iniciativas representan «un plan de remate de la Argentina» y advirtió que favorecen el avance de grandes fondos de inversión y corporaciones sobre territorios considerados estratégicos por sus recursos naturales.
Las entidades pusieron especial énfasis en la situación de la Patagonia, por su disponibilidad de agua dulce, minerales estratégicos, recursos energéticos y condiciones favorables para la instalación de centros de datos vinculados a la inteligencia artificial.
Además, señalaron que la aprobación del paquete legislativo implicaría riesgos para la soberanía territorial, la protección ambiental, la autonomía provincial y la administración de recursos considerados estratégicos.
Frente al debate parlamentario, las organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso de la Nación y a distintas actividades en el interior del país para expresar su rechazo a las iniciativas.