La oposición cuestionó el nuevo blanqueo de Caputo y advirtió que podría ser inconstitucional

Legisladores opositores criticaron el proyecto de «Inocencia Fiscal II» enviado por el Gobierno al Congreso. Advirtieron que limita las facultades de control del Estado y rechazaron que funcionarios y sus familiares puedan acceder al régimen.

El proyecto de «Inocencia Fiscal II», impulsado por el Gobierno nacional para incentivar el ingreso de los llamados «dólares del colchón», ya comenzó a recibir fuertes cuestionamientos por parte de la oposición, que advirtió sobre posibles problemas de constitucionalidad y criticó el alcance del nuevo régimen.

Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por el diputado nacional Guillermo Michel, quien sostuvo que la iniciativa limita las facultades del Estado para controlar y fiscalizar a los contribuyentes. Según explicó, el mecanismo propuesto funciona como un «tapón fiscal», impidiendo revisar declaraciones juradas de períodos anteriores una vez que el contribuyente adhiera al régimen.

«Así como está planteado, claramente es inconstitucional porque las facultades del Estado de controlar, fiscalizar y recaudar no pueden ser delegadas ni renunciadas», sostuvo el legislador.

Michel también cuestionó el origen del proyecto y aseguró que fue elaborado por un estudio jurídico especializado en materia tributaria y no por funcionarios del Estado. En ese sentido, afirmó que la propuesta reproduce mecanismos similares a los utilizados durante la década de 1990.

El diputado además relativizó el alcance de la iniciativa y consideró que responde a la escasa adhesión obtenida por las últimas medidas lanzadas por el Ministerio de Economía para incentivar el uso de ahorros no declarados.

Las críticas también llegaron desde otros bloques opositores. El diputado socialista Esteban Paulón rechazó que el régimen contemple la posibilidad de que funcionarios públicos y sus familiares puedan adherir al beneficio.

Según expresó, permitir ese acceso representa «más impunidad y menos transparencia» y contradice los principios de control que deberían regir para quienes ejercen funciones públicas. Paulón ya había presentado un proyecto para excluir expresamente a funcionarios del régimen.

En la misma línea se pronunció el exjefe de Gabinete Agustín Rossi, quien calificó la iniciativa como «vergonzosa» y cuestionó que, además de beneficiar a evasores, también habilite el ingreso de quienes ocupan cargos públicos.

El proyecto fue enviado este viernes por el Gobierno al Congreso como parte de la estrategia económica del ministro Luis Caputo para fomentar la incorporación de divisas al circuito formal. Ahora deberá iniciar su tratamiento legislativo en medio de un escenario de fuerte debate político y jurídico sobre su alcance.