La Corte Suprema dejó firme el fallo que obliga al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario

El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por la Casa Rosada y ratificó la medida cautelar que ordena actualizar salarios docentes y becas estudiantiles. Universidades y gremios celebraron la decisión y reclamaron que el Ejecutivo cumpla con la norma.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con dos artículos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario.

Con la decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, la administración de Javier Milei deberá avanzar con la actualización de los salarios de docentes y no docentes universitarios, así como de distintas becas estudiantiles contempladas en la ley aprobada por el Congreso.

El fallo representa un nuevo revés judicial para el Gobierno, que había intentado frenar la aplicación de la norma argumentando que no contaba con una fuente específica de financiamiento para afrontar los gastos que implicaba su implementación.

La medida cautelar ratificada alcanza a los artículos que establecen la recomposición salarial desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley y la actualización de programas de asistencia estudiantil, entre ellos las becas Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que promovió la acción judicial, celebraron la decisión de la Corte y remarcaron que el Ejecutivo ya no tiene margen para continuar demorando el cumplimiento de la legislación.

La resolución también fue respaldada por gremios docentes, no docentes, centros de estudiantes y autoridades universitarias, que interpretaron el fallo como un reconocimiento a los reclamos que durante los últimos dos años se expresaron mediante movilizaciones, clases públicas y medidas de protesta en todo el país.

Aunque días atrás el Gobierno había acordado una recomposición salarial parcial con representantes del sistema universitario, distintos sindicatos sostienen que ese incremento no alcanza para cumplir con los porcentajes previstos por la ley y que todavía resta recuperar una parte importante del poder adquisitivo perdido.

Las becas estudiantiles también forman parte del conflicto. Diversas organizaciones señalaron que varios programas permanecen con montos congelados desde hace meses y reclamaron que la actualización alcance a todos los beneficios contemplados en la legislación.

Más allá de la decisión de la Corte, todavía resta que la Justicia resuelva la cuestión de fondo sobre la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, la cautelar ratificada obliga al Gobierno a ejecutar de manera inmediata los artículos vinculados con salarios y becas mientras ese proceso judicial continúa.

La resolución vuelve a colocar el financiamiento de las universidades públicas en el centro del debate político. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de mantener el equilibrio fiscal, las universidades y los gremios advierten que sin mayores recursos será difícil sostener el funcionamiento del sistema y evitar la profundización del deterioro salarial y presupuestario.