El Gobierno busca eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros y crecen las críticas por el impacto sobre la soberanía
Un proyecto impulsado por el oficialismo propone eliminar las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. Especialistas advierten que la reforma podría profundizar la concentración de territorios estratégicos y favorecer el avance del extractivismo.
El Gobierno nacional impulsa una reforma que eliminaría los principales límites para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, una iniciativa que despertó fuertes cuestionamientos de investigadores y organizaciones que advierten sobre el impacto que podría tener en la soberanía territorial y el control de los recursos naturales.
La modificación forma parte del proyecto denominado «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», impulsado por el oficialismo, que propone desmantelar buena parte de las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011.
Actualmente, según datos del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor de 13 millones de hectáreas rurales, equivalentes al 5% del territorio rural argentino, ya se encuentran en manos extranjeras. La legislación vigente fija un límite del 15% a nivel nacional, provincial y municipal, además de establecer restricciones para zonas estratégicas.
La iniciativa promovida por el Gobierno elimina esos topes y también suprime la prohibición de adquirir tierras ubicadas en zonas de frontera, áreas ribereñas y regiones consideradas estratégicas para el país.
Especialistas del Observatorio de Tierras sostienen que la reforma facilitaría la adquisición de territorios con importantes reservas de agua dulce, recursos minerales, bosques nativos y corredores logísticos fundamentales para la economía argentina.
Los informes elaborados por ese organismo identifican al menos 36 municipios donde la participación de propietarios extranjeros ya supera el límite previsto por la legislación vigente, mientras que cuatro departamentos registran más de la mitad de su superficie rural en manos de capitales extranjeros.
Entre las zonas señaladas aparecen regiones cordilleranas con proyectos mineros, departamentos atravesados por glaciares y áreas vinculadas al río Paraná, por donde sale gran parte de las exportaciones argentinas.
La propuesta también elimina el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, organismo encargado de coordinar las políticas nacionales sobre la materia, y transfiere a las provincias la posibilidad de definir sus propias regulaciones sobre la venta de tierras.
Desde el Observatorio de Tierras sostienen que la reforma representa «una ley de extranjerización» porque elimina prácticamente todas las herramientas que hoy limitan la adquisición de territorio por parte de capitales privados radicados en el exterior.
En paralelo, los investigadores advierten que la iniciativa se complementa con otras medidas impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que otorga beneficios fiscales y aduaneros por tres décadas a grandes proyectos de inversión, muchos de ellos vinculados a la minería y otras actividades extractivas.
El relevamiento también muestra quiénes concentran actualmente la mayor cantidad de tierras rurales en Argentina. Los propietarios estadounidenses encabezan el listado con más de 2,7 millones de hectáreas, seguidos por capitales italianos y españoles. Además, más de dos millones de hectáreas figuran bajo sociedades radicadas en paraísos fiscales o jurisdicciones con regímenes tributarios especiales.
Para los especialistas, el debate excede la propiedad privada y plantea una discusión sobre quién controla los territorios estratégicos, los recursos hídricos, los minerales y otros bienes naturales considerados esenciales para el desarrollo del país.