Diputados dio media sanción al Súper RIGI, el régimen que amplía beneficios para grandes corporaciones

El oficialismo consiguió aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto que otorga amplias ventajas fiscales, cambiarias y regulatorias a inversiones superiores a los USD 1.000 millones. La oposición advirtió sobre pérdida de soberanía, menor recaudación y escasos beneficios para la producción nacional.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles y dio media sanción al denominado «Súper RIGI», un nuevo régimen impulsado por el Gobierno de Javier Milei que busca atraer inversiones de gran escala mediante un amplio paquete de beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios para grandes empresas.

La iniciativa fue aprobada por 130 votos contra 106, con el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales. En contra se pronunciaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros espacios opositores.

El proyecto está dirigido exclusivamente a inversiones superiores a los USD 1.000 millones en sectores como inteligencia artificial, minería, electromovilidad, energías renovables, centros de datos y otras actividades vinculadas a las denominadas «industrias del futuro».

Entre los principales beneficios figuran una reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, estabilidad tributaria por 30 años, eliminación de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas, reducción de contribuciones patronales y la posibilidad de resolver conflictos con el Estado argentino mediante tribunales internacionales de arbitraje.

Desde el oficialismo sostienen que el régimen permitirá captar inversiones estratégicas y posicionar al país como un destino competitivo para grandes proyectos tecnológicos e industriales.

Sin embargo, la iniciativa recibió fuertes cuestionamientos durante el debate parlamentario. Legisladores de la oposición advirtieron que el proyecto consolida un esquema de privilegios para grandes grupos económicos sin exigir contraprestaciones equivalentes en materia de empleo, industrialización, transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores nacionales.

También señalaron que el régimen compromete recursos fiscales durante tres décadas y limita la capacidad de futuros gobiernos para modificar las condiciones otorgadas a las empresas que ingresen al programa.

Otro de los puntos más criticados fue la posibilidad de que las controversias entre los inversores y el Estado puedan resolverse en tribunales internacionales. Para distintos bloques opositores, esa cláusula implica resignar capacidad soberana sobre decisiones vinculadas a sectores considerados estratégicos para el desarrollo del país.

Durante el tratamiento se incorporaron algunas modificaciones para obtener el respaldo de bloques aliados, entre ellas la obligación de presentar planes de desarrollo de proveedores locales y estudios sobre impacto ambiental y social. No obstante, los sectores que rechazaron la iniciativa consideraron que esos cambios no alteran la esencia del proyecto ni compensan el alcance de los beneficios concedidos.

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto pasará ahora al Senado, donde volverá a abrirse un fuerte debate político. Mientras el Gobierno lo presenta como una herramienta para atraer inversiones, sus detractores sostienen que profundiza un modelo basado en amplias concesiones a grandes corporaciones sin garantías de que esas ventajas se traduzcan en mayor producción, empleo o desarrollo para la economía argentina.