Ale Flores: el niño que buscaron durante 17 años y estaba a 300 metros de donde había desaparecido

Alejandro Flores tenía cinco años cuando desapareció en Río Cuarto durante una tormenta, en marzo de 1991. Durante años circularon pistas falsas y sospechas sobre su propia familia, hasta que unos restos encontrados cerca del lugar permitieron reconstruir otra historia: la de un atropello policial, un ocultamiento y una investigación que llegó demasiado tarde para conseguir una condena penal.

El 2 de julio de 2008, en un terreno baldío de Río Cuarto, aparecieron restos humanos dentro de una alcantarilla. El lugar estaba cerca de la calle Río Negro al 1500 y, sobre todo, a unos 300 metros del punto donde diecisiete años antes había desaparecido Alejandro Víctor Flores. Un estudio de ADN terminaría confirmando que los huesos pertenecían al niño que su familia había buscado desde 1991.

La distancia era difícil de ignorar. Durante casi dos décadas se había buscado a Ale en distintos lugares y bajo hipótesis de todo tipo. Su madre había seguido pistas que hablaban de secuestros, adopciones clandestinas y traslados fuera del país. Sin embargo, cuando aparecieron sus restos, la causa regresó prácticamente al mismo barrio del que había partido. Y también volvió sobre una historia que un policía había intentado contar muchos años antes.

Una tormenta y una desaparición

Alejandro tenía cinco años y vivía en Río Cuarto con su madre, Rosa Arias, y una hermana pequeña. El 16 de marzo de 1991 salió de la casa donde se encontraba su familia. Las versiones sobre sus movimientos inmediatamente anteriores a la desaparición presentan diferencias: algunas reconstrucciones periodísticas señalan que iba hacia la casa de una tía; la resolución judicial de 2009 lo ubica jugando con otros niños en una pequeña plaza de la calle Carlos Rodríguez al 1400.

Ese punto no es menor y conviene no forzar una certeza inexistente. Lo que sí aparece de manera consistente en el expediente es el cambio repentino del clima. Una fuerte tormenta de viento, tierra y lluvia dispersó a los chicos que estaban en la zona. Según la reconstrucción incorporada judicialmente, Alejandro corrió por Carlos Rodríguez y, al intentar cruzar Pedro Zanni, fue embestido por un Renault 12 del Comando Radioeléctrico de la Policía de Córdoba.

El vehículo era conducido, según esa reconstrucción, por el entonces oficial Mario Luis Gaumet. Con él iba el sargento Gustavo Javier Funes. El expediente sostuvo que Gaumet circulaba a una velocidad inadecuada para las condiciones climáticas y que, después del impacto, ambos policías subieron al niño todavía con vida al automóvil oficial.

Alejandro no fue llevado de manera regular a una guardia hospitalaria ni se informó del accidente a sus padres o a una autoridad judicial. La investigación posterior determinó que los policías procuraron conseguir asistencia para él de manera clandestina. El expediente atribuyó la muerte a las graves lesiones sufridas en el atropello, que provocaron un shock hipovolémico irreversible.

Lo que ocurrió entre el impacto y la muerte nunca pudo reconstruirse minuto a minuto. La propia documentación judicial deja márgenes temporales abiertos y las declaraciones posteriores de familiares presentan diferencias sobre cuánto tiempo permaneció con vida. Por eso no existe respaldo suficiente para afirmar, como un hecho probado, una hora exacta de muerte ni cada uno de los lugares por los que habría pasado antes de morir.

Una familia buscando en la dirección equivocada

Mientras todo eso permanecía oculto, para la familia Alejandro simplemente había desaparecido. Comenzó una búsqueda que se prolongó durante años. Rosa Arias recorrió comisarías, siguió pistas, apareció en medios de comunicación y viajó detrás de informaciones que prometían revelar dónde estaba su hijo. La Voz reconstruyó posteriormente que se habló incluso de un posible secuestro, de que el padre se lo hubiera llevado y de la posibilidad de que el chico estuviera viviendo en otro país.

Nada de eso permitió encontrarlo. La investigación pasó años sin establecer qué había ocurrido aquella tarde y algunas sospechas llegaron a concentrarse sobre el propio entorno familiar. Ale continuó figurando como desaparecido mientras, de acuerdo con la posterior reconstrucción judicial, quienes habían intervenido en el atropello habían ocultado el hecho.

Pero hubo una pista que apareció mucho antes de 2008.

El policía que habló años antes

Jorge Múo era policía. Varios años después de la desaparición afirmó que había conocido dentro de la fuerza una versión concreta: Alejandro había sido atropellado por un patrullero y quienes viajaban en él habían ocultado lo sucedido. Según relató posteriormente, terminó acercándose a la madre de Ale y luego llevó esa información ante la Justicia.

Su declaración no produjo entonces el avance que podría suponerse. Múo fue desacreditado y quedó acusado de falso testimonio. Fuentes periodísticas de la época y posteriores señalan además que terminó fuera de la fuerza. Durante años, su relato quedó reducido a una pista controvertida dentro de una causa que no encontraba a Alejandro.

El paso del tiempo cambió el valor de aquella declaración. No porque el posterior hallazgo de los restos comprobara automáticamente cada una de sus afirmaciones, sino porque permitió volver a investigar una hipótesis mucho más precisa que las que habían dominado buena parte de la búsqueda.

La propia Justicia encontraría además inconsistencias en documentación policial relativa a qué móviles y qué agentes habían estado en servicio ese día. El expediente civil de 2023 recuperó, entre otros elementos, el libro de guardia del Comando Radioeléctrico y declaraciones de policías sobre el manejo y registro de los móviles. Esas constancias integraron el conjunto probatorio utilizado para reconstruir el recorrido del patrullero y la intervención de Gaumet y Funes.

Los huesos que devolvieron la causa al principio

La aparición de los restos en julio de 2008 modificó definitivamente la investigación. Un análisis genético realizado por el Ceprocor estableció que correspondían a Alejandro. Los peritos forenses estudiaron también las lesiones conservadas en los huesos, compatibles con un fuerte traumatismo sufrido en vida.

El dato geográfico era igualmente significativo. Los restos estaban en una alcantarilla situada aproximadamente a 300 metros del sitio donde la investigación ubicaba el choque. Habían permanecido ocultos durante diecisiete años.

A partir de aquel hallazgo, el fiscal Javier Di Santo profundizó la hipótesis policial. La investigación atribuyó a Gaumet y Funes el atropello y el posterior ocultamiento. La reconstrucción sostuvo que, después de intentar asistir al niño sin denunciar el accidente, ambos habrían eliminado rastros del hecho, reparado daños del vehículo y ocultado el cuerpo.

Sin embargo, había un problema que ya no dependía de la prueba.

Habían pasado demasiados años.

Una verdad judicial que llegó con la causa prescripta

En 2009, el fiscal pidió el sobreseimiento por prescripción. Mario Luis Gaumet estaba investigado por homicidio culposo y Gustavo Javier Funes por encubrimiento en aquella etapa del expediente. El juez de Control Daniel Muñoz se opuso: consideró que, por la intervención de agentes estatales y el posterior ocultamiento, el caso debía ser considerado un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.

La interpretación no prevaleció. La Cámara revocó ese criterio y el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba concluyó que el caso no reunía los requisitos jurídicos para ser considerado un crimen de lesa humanidad. El TSJ sostuvo que, aun frente a la posible intervención de policías y eventuales connivencias, no se había demostrado un ataque generalizado o sistemático contra la población civil ni una política estatal de esa naturaleza. En consecuencia, confirmó la prescripción.

Esa distinción es fundamental. Gaumet y Funes no fueron condenados penalmente por la muerte de Alejandro. La causa penal terminó alcanzada por la prescripción antes de que pudiera celebrarse un juicio que determinara su responsabilidad criminal mediante una sentencia condenatoria.

El expediente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2014, el máximo tribunal mantuvo la extinción de la acción penal, pero adoptó el dictamen de la Procuración General respecto de otro punto: la prescripción no liberaba al Estado de su obligación de esclarecer completamente lo sucedido. La Justicia cordobesa debía profundizar no sólo qué había ocurrido después del atropello, sino también las circunstancias que habían retrasado la investigación y podían haber contribuido a que la causa prescribiera.

En otras palabras, ya no estaba en juego únicamente quién había atropellado a Alejandro. También había una pregunta sobre cómo fue posible que una investigación iniciada mientras todavía había tiempo para perseguir penalmente el hecho no consiguiera llegar a juicio.

La Justicia civil sí atribuyó responsabilidades

La ausencia de una condena penal no fue el último capítulo judicial. Víctor Flores, padre de Alejandro, inició una demanda de daños contra Gaumet, Funes y el Estado provincial. Esa causa tuvo un resultado distinto porque la responsabilidad civil se analiza con reglas y finalidades diferentes de las del proceso penal.

En 2020, una jueza de primera instancia hizo lugar parcialmente al reclamo. Tres años después, el 15 de agosto de 2023, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Río Cuarto confirmó la responsabilidad de Gaumet, Funes y la Provincia de Córdoba y modificó aspectos de la indemnización.

La sentencia examinó la causa penal, las pericias de ADN y tanatológicas, los registros policiales y numerosos testimonios acumulados durante décadas. El tribunal consideró acreditada, a efectos civiles, la participación de los dos agentes y destacó que se habían valido tanto de su condición policial como de un vehículo estatal para cometer y posteriormente ocultar el ilícito.

Ese fallo es importante también por otro motivo: eliminó la atribución de responsabilidad que la sentencia de primera instancia había colocado parcialmente sobre la madre de Alejandro por una supuesta falta de vigilancia. La Cámara entendió que esa conducta no podía considerarse causalmente responsable del desenlace producido por el atropello y los actos posteriores.

La condena civil no equivale, sin embargo, a una condena penal retrospectiva. Jurídicamente son dos cosas distintas. Gaumet y Funes nunca fueron declarados culpables en un juicio penal por la muerte de Ale; sí fueron considerados responsables, junto con el Estado provincial, en el proceso de daños que terminó con la sentencia de 2023.

Lo que todavía no tiene respuesta

Treinta y cinco años después de la desaparición, Rosa Arias seguía hablando públicamente del caso como una historia de impunidad. En una entrevista de julio de 2026 volvió a recordar aquella tarde y cuestionó la actuación policial y judicial que siguió a la desaparición.

La causa permite hoy conocer mucho más de lo que se sabía en 1991. Existen una reconstrucción judicial del atropello, pericias que identificaron los restos, documentación sobre el patrullero y decisiones judiciales que analizaron la conducta de Gaumet y Funes. Pero nunca existió el juicio penal que pudiera someter toda esa prueba a un debate oral y terminar con una absolución o una condena.

Tampoco quedó plenamente determinado hasta dónde llegaron las posibles complicidades que hicieron posible el ocultamiento ni qué ocurrió en cada momento entre el atropello y la muerte. La propia Corte Suprema había reclamado investigar los hechos que pudieron haber entorpecido la pesquisa. Las fuentes públicas consultadas no muestran que esas averiguaciones hayan derivado luego en condenas penales.

Tal vez por eso el dato de los 300 metros sigue resumiendo el caso mejor que cualquier otro. Alejandro fue buscado durante diecisiete años, mientras su familia recibía pistas que la llevaban cada vez más lejos. Cuando finalmente apareció, estaba a pocas cuadras del lugar donde todo había empezado. Lo que faltó durante ese tiempo no fue solamente encontrar sus restos: faltaba reconstruir qué había ocurrido aquella tarde y por qué la verdad llegó cuando la posibilidad de imponer una pena ya se había extinguido.