Érica Soriano: una desaparición, un crematorio y un femicidio que la Justicia logró probar

Érica Soriano tenía 30 años y estaba embarazada cuando, en agosto de 2010, su familia perdió todo contacto con ella. La investigación reconstruyó una relación atravesada por celos, control y violencia de género y llegó hasta un crematorio de Lanús, donde surgieron contradicciones e irregularidades. Sus restos nunca fueron encontrados, pero ocho años después la Justicia condenó a su pareja, Daniel Lagostena, a 22 años de prisión.

La noche del 20 de agosto de 2010, Érica Soriano regresó a la casa de Lanús que compartía con Daniel Lagostena. Venían de una consulta con el obstetra por el embarazo de aproximadamente dos meses que ella cursaba. Después de llegar, Érica todavía mantuvo una comunicación con una amiga. Fue uno de sus últimos contactos comprobados.

Al día siguiente tenía previsto viajar a Villa Adelina para encontrarse con su familia y con su hija, fruto de una relación anterior. Nunca llegó. Sus familiares comenzaron a llamarla y también intentaron comunicarse con Lagostena.

Él sostuvo que habían discutido y que Érica había abandonado la vivienda. Durante las primeras horas, la investigación comenzó como una búsqueda. Con el paso de los días, sin embargo, los objetos que permanecían dentro de aquella casa, los últimos registros de Érica y las contradicciones que aparecieron en el relato de su pareja fueron modificando el rumbo de la causa.

Una relación atravesada por la violencia

A medida que familiares, amigos y personas cercanas comenzaron a declarar, los investigadores reconstruyeron también cómo era la relación entre Érica y Lagostena.

Los testimonios describieron episodios de celos, control y violencia psicológica. Durante el proceso judicial también se incorporaron comunicaciones que permitieron analizar ese vínculo. La Justicia consideró que Lagostena ejercía un comportamiento posesivo sobre Érica y que sospechaba que ella mantenía otra relación y planeaba abandonarlo.

La acusación incorporó además sus dudas acerca de la paternidad del embarazo.

Aquellos elementos serían fundamentales años después. El Tribunal de Casación bonaerense, al confirmar la condena, consideró acreditado un contexto de violencia de género y vinculó el crimen con los celos y con la posibilidad de que Érica terminara la relación.

Pero en agosto de 2010 todavía faltaba responder una pregunta mucho más inmediata: si Érica realmente había salido de aquella casa, ¿por qué tantas cosas indicaban lo contrario?

Lo que Érica dejó en la casa

Dentro de la vivienda estaban su cartera, sus documentos, tarjetas y la medicación que utilizaba durante el embarazo.

También apareció la ropa.

Lagostena había descripto las prendas que, según su versión, Érica llevaba cuando abandonó la casa. La investigación encontró esas mismas prendas dentro de la vivienda. Durante el juicio, una de ellas incluso fue reconocida como perteneciente a Érica.

La reconstrucción del teléfono agregó otro elemento. El análisis de las comunicaciones y de su ubicación situó el último registro del celular de Érica en el área de la casa. No apareció después un desplazamiento que respaldara la idea de que hubiera realizado el viaje hasta Villa Adelina.

Por separado, ninguno de aquellos indicios explicaba qué había ocurrido. Juntos comenzaron a construir otra hipótesis: que Érica nunca había abandonado con vida la vivienda que compartía con Lagostena.

La investigación tenía entonces un nuevo problema. Si había sido asesinada allí, ¿qué había ocurrido después con sus restos?

La investigación llega a un crematorio

La respuesta posible apareció en un ámbito que Lagostena conocía de cerca.

Su familia estaba vinculada al negocio funerario: su padre era propietario de la cochería La Paz, de Lanús. Los investigadores comenzaron entonces a revisar funerarias, cementerios y crematorios con los que ese negocio trabajaba.

Una de las líneas condujo a Crematorios del Sur, una empresa que operaba dentro del cementerio de Lanús y realizaba trabajos para la funeraria de la familia Lagostena.

En diciembre de 2010, dos empleados encargados del horno fueron imputados por falso testimonio. Habían dado versiones contradictorias al explicar cómo se realizaban las cremaciones y qué controles existían para garantizar la identidad de la persona que se encontraba dentro de cada féretro.

La pregunta era crucial para la investigación: ¿era posible cremar a una persona utilizando la identidad de otra?

Los trabajadores inicialmente habían descripto un procedimiento que hacía muy difícil esa posibilidad. Después modificaron sus declaraciones. Consultados específicamente sobre si podían saber quién se encontraba efectivamente dentro de un ataúd, reconocieron que ellos no realizaban ese control.

La hipótesis del crematorio dejó entonces de ser una mera especulación y se convirtió en una línea concreta de investigación.

¿Pudieron cremar los restos de Érica bajo otra identidad?

El fiscal ordenó peritajes en el crematorio del cementerio de Lanús. Los investigadores revisaron procedimientos, documentación y servicios realizados alrededor de los días en que Érica dejó de tener contacto con su familia.

La hipótesis era que sus restos podían haber ingresado al circuito funerario utilizando la documentación correspondiente a otra persona.

La causa también comenzó a exponer irregularidades más amplias dentro de ese circuito. Investigaciones posteriores revelaron prácticas que permitían realizar cremaciones con documentación deficiente e incluso casos en los que los controles sobre la identidad de los restos eran insuficientes.

Ese descubrimiento era importante porque demostraba que el mecanismo que investigaban no era materialmente imposible.

Pero existe una diferencia fundamental entre reconstruir una posibilidad y demostrar qué ocurrió con Érica.

Nunca pudo probarse de manera concluyente que sus restos fueran cremados.

La hipótesis permitió explicar cómo podrían haber sido ocultados y se convirtió en una de las líneas más conocidas del expediente, pero no hubo una prueba que permitiera establecer judicialmente que Érica hubiera sido efectivamente incinerada en aquel crematorio.

Una causa sin hallar los restos

La ausencia de los restos de Érica condicionó la investigación desde el comienzo.

No pudo realizarse una autopsia. Tampoco existió una pericia médica que permitiera determinar exactamente cómo había muerto. Y durante años, esa ausencia fue uno de los principales argumentos utilizados por la defensa de Lagostena.

Lagostena fue detenido por primera vez en 2012, pero posteriormente recuperó la libertad. La investigación continuó y, con la incorporación y valoración conjunta de nuevos elementos, volvió a ser detenido en 2016.

Para entonces, la causa ya no dependía de encontrar una única prueba que resolviera el caso. La acusación había construido una trama de indicios: las últimas horas de Érica, sus pertenencias dentro de la vivienda, la localización de su teléfono, las inconsistencias en las explicaciones de Lagostena y los testimonios que reconstruían el contexto de violencia dentro de la pareja.

En 2018, el caso finalmente llegó a juicio.

La discusión central del juicio

La defensa de Lagostena sostuvo su inocencia y cuestionó precisamente el corazón de la acusación: cómo podía considerarse probado un homicidio si nunca se habían encontrado los restos de Érica, no existía autopsia y tampoco podía determinarse el mecanismo utilizado para matarla.

Pidió la absolución.

La fiscalía y la querella sostuvieron que el homicidio podía acreditarse mediante la valoración conjunta de la prueba indiciaria. No había una imagen, un testigo presencial o un estudio forense que por sí solo resolviera el crimen. Había, en cambio, numerosos elementos que debían analizarse relacionados entre sí.

Érica había regresado a la vivienda con Lagostena. Después de aquella noche no volvió a tener un contacto comprobado con su entorno. Sus pertenencias continuaban en la casa. La ropa con la que supuestamente había salido estaba allí. Su teléfono tampoco respaldaba aquel recorrido. Y alrededor de todo eso aparecía una relación que los testimonios describían atravesada por control, celos y violencia.

Los jueces consideraron que ese conjunto permitía alcanzar la certeza necesaria para condenar.

22 años de prisión

En julio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 9 de Lomas de Zamora declaró culpable a Héctor Daniel Lagostena y lo condenó a 22 años de prisión.

La Justicia consideró probado que había asesinado a Érica y provocado también la muerte del embarazo. La condena fue por homicidio y aborto en un contexto de violencia de género.

Cuando Érica fue asesinada, en 2010, la figura de femicidio todavía no había sido incorporada al Código Penal argentino y, por lo tanto, no podía aplicarse retroactivamente. Eso no impidió que los tribunales analizaran el crimen desde una perspectiva de género y consideraran probado el contexto de violencia que atravesaba la relación.

La sentencia tampoco resolvió todos los interrogantes.

La Justicia no pudo determinar exactamente cómo Lagostena mató a Érica. Tampoco logró establecer con certeza qué hizo posteriormente con sus restos.

Sí consideró probado algo central: Érica había sido asesinada y Daniel Lagostena era el responsable.

Una condena sin encontrar los restos de Érica

La defensa apeló la sentencia y volvió a cuestionar que pudiera alcanzarse una condena sin restos, sin autopsia y sin una prueba directa del homicidio.

En mayo de 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó los 22 años de prisión. Los jueces respaldaron la valoración conjunta de los indicios y el análisis del crimen dentro de un contexto de violencia de género.

La defensa continuó recurriendo. En 2021, la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazó las impugnaciones y la condena quedó firme.

El caso de Érica quedó así entre los antecedentes más emblemáticos de la Justicia argentina en los que fue posible acreditar un homicidio sin que se encontraran los restos de la víctima.

Esa particularidad no es solamente jurídica. Explica también por qué la investigación sobre el crematorio adquirió tanta importancia: mientras la Justicia intentaba demostrar qué había ocurrido con Érica, también debía explicar cómo habían podido desaparecer sus restos sin dejar una prueba concluyente sobre su destino.

Dieciséis años después

El expediente volvió a tener novedades en 2026.

Un juez de Ejución había otorgado a Lagostena una reducción de 15 meses de su pena mediante el régimen de estímulo educativo. La familia de Érica se opuso y apeló la decisión.

El 28 de agosto, la Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el beneficio. De acuerdo con el cómputo judicial informado, la pena de Lagostena vence el 1 de octubre de 2037.

Dieciséis años después, el caso tiene una respuesta judicial fundamental: Érica Soriano fue víctima de un femicidio y su pareja fue condenada por el crimen.

Pero hay una parte de su historia que ninguna sentencia consiguió reconstruir.

La investigación llegó hasta un crematorio, encontró contradicciones y expuso graves fallas en los controles del circuito funerario. La posibilidad de que los restos de Érica hayan sido cremados bajo otra identidad ofreció una explicación para su ausencia, pero nunca pudo convertirse en una certeza judicial.

Daniel Lagostena fue condenado. Los restos de Érica nunca fueron encontrados. Y qué ocurrió con ellos sigue siendo la gran respuesta pendiente del caso.